El Tribunal de Comercio de los Estados Unidos ha anulado la mayoría de los aranceles que el presidente había puesto en marcha en su particular guerra comercial con el mundo.

La justicia estadounidense considera que el gobierno de Donald Trump se ha excedido en sus competencias. Ha decidido que la política arancelaria anunciada a principios de abril con el llamado "Día de la Liberación" es inconstitucional y da ahora 10 días al gobierno para realizar los cambios necesarios para cumplir con la orden judicial de detenerla.

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, ya ha anunciado que recurrirán la decisión, especialmente significativa e inesperada, que afecta a los llamados aranceles recíprocos a decenas de países, muchos de los cuales estaban en pausa para ser negociados, y también a los aplicados a México, Canadá y China.

Desai ha añadido que "no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional".

Próximos pasos

El gobierno de Donald Trump ha anunciado que luchará hasta el final para restablecer los aranceles que, según una reciente sentencia judicial, deberían ser suspendidos en un plazo de 10 días. El primer paso será apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, y, si es necesario, llevar el caso hasta el Tribunal Supremo. Este proceso podría alargar la resolución definitiva varias semanas.

En última instancia, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, será clave. Está compuesto por nueve jueces vitalicios, tres de los cuales fueron nombrados por el propio Trump. Sus decisiones son inapelables. Este mismo tribunal ha respaldado recientemente a Trump con una controvertida decisión que le otorga inmunidad parcial ante intentos de anular los resultados electorales de 2020. No obstante, también ha bloqueado medidas impulsadas por su gobierno, como la deportación de ciudadanos venezolanos bajo una ley de 1798.

La sentencia que desencadenó esta batalla legal fue emitida el miércoles por tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional, todos ellos designados por presidentes de distinto signo político: Ronald Reagan, Barack Obama y Donald Trump. El fallo responde a dos demandas presentadas por separado y luego consolidadas: una por una docena de estados gobernados por demócratas, y otra por cinco empresas importadoras, representadas por la organización independiente Liberty Justice Center.

Ambas partes argumentaban que las órdenes ejecutivas utilizadas por Trump para imponer aranceles sin pasar por el Congreso violaban la Constitución, al usurpar las competencias del Legislativo en materia comercial. El tribunal dio la razón a los demandantes en un fallo unánime, lo que complica seriamente los planes de Trump.

La capacidad negociadora de Trump

La sentencia ha supuesto, por ahora, un revés inicial, pero lo suficientemente importante como para restar poder de presión a Trump en sus negociaciones internacionales para alcanzar nuevos acuerdos comerciales que beneficien a Estados Unidos.

Aunque la decisión incrementa la incertidumbre, el freno judicial podría animar a los socios comerciales de EE. UU. a paralizar cualquier negociación en curso con la Casa Blanca mientras esperan cómo se resuelve el caso.

Es el caso de unos 18 países y de los aranceles que, por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos tenían pendiente de negociar hasta el 9 de julio.

Implicaciones para el sector de la movilidad

La decisión judicial podría traducirse en una mayor estabilidad para las empresas del sector, especialmente aquellas con cadenas de suministro vinculadas a países como México, China o Canadá. La posible retirada de aranceles reduciría costes y facilitaría el acceso a componentes estratégicos como baterías, electrónica o metales procesados. No obstante, la incertidumbre persiste mientras el gobierno de EE. UU. prepara su recurso ante instancias superiores.